Reportaje:

Una música con aires asiáticos y algunas voces con acento hindi se pueden escuchar desde el rellano. La puerta es un continuo entrar y salir de personas con aspecto de proceder de la India o Pakistán. Dentro, en el recibidor, se puede observar una televisión entre distintos tipos de objetos apiñados sin ningún orden pero en un espacio amplio. En el resto de la casa de unos 120 metros cuadrados, se hacinan una veintena de camas, y nueve colchones sin estrenar que probablemente esperan ser ocupados por nuevos inquilinos. Se trata de una vivienda situada en la calle Hospital 46 en la que es difícil precisar el número de personas que conviven. Los vecinos del inmueble están preocupados y su malestar crece día a día después de que las denuncias realizadas a la Guardia Urbana no hayan prosperado.
Como esta vivienda son 1.516 los pisos habitados por más de once personas en Barcelona lo que popularmente ha venido a conocerse como el fenómeno de las ‘camas calientes’ o las ‘casas patera’. Sin embargo, las cifras podrían ser todavía superiores porque no todos los inmigrantes están censados. El auge de estos negocios ilegales ha propiciado que el distrito de Ciutat Vella creara en el 2003 una unidad especializada en la detección de estos delitos. Desde el entonces, cien inspecciones a pensiones y locales convertidos en vivienda dan un balance de 61 cierres y 39 expedientes.
Un joven, que apenas habla un poco de castellano, es quien abre la puerta a los numerosos inquilinos de distintas nacionalidades que entran y salen por la puerta principal del número 46 de la calle hospital. Se muestra huidizo y malhumorado ante las preguntas de la prensa y se niega a responderlas. Según los vecinos del edificio es él quien se encarga de dar alojamiento.
Los propios vecinos explican que las condiciones de salubridad e higiene son pésimas en esa vivienda. Todos los habitantes de la misma sólo disponen de un solo cuarto de baño y de muy pequeñas dimensiones.
Todas las habitaciones, excepto una, no disponen de ventanas, por lo que es muy posible que el ambiente esté sobrecargado de malos olores por el hacinamiento de tantas personas. De hecho, los habitantes de la casa caminan descalzos por la misma.
Desde la plaza de la calle Gardunya se puede observar que una habitación hace las funciones de trastero y que en su interior contiene colchones, como si estuvieran reservados para más inquilinos.
Es bastante improbable que estos inquilinos se atrevan a denunciar a su casero por la situación pésima en la que viven. Este es su único hogar posible. “En la mayoría de las ocasiones los habitantes de las ‘casas patera’ sufren casos de xenofobia en los que se les impide acceder a alquilar una vivienda normal por su condición de extranjeros, además, no disponen de dinero suficiente para financiarse otra alternativa y tampoco pueden arriesgarse a dar a conocer su situación a las autoridades porque son ilegales y podrían ser expulsados”, afirma Isabel Martínez de SOS Racisme quien reconoce que por esta razón es difícil detectar este tipo de casos.
A pesar de estas condiciones infrahumanas de vida se calcula que los inquilinos de las ‘casas patera’ tienen que pagar entre 200 y 250 euros mensuales. “Existen situaciones en las que no tienen ni derecho a cocina sólo su habitación y en los casos más precarios hablamos ya de las ‘camas calientes’ permanentemente en las que tres personas van rotando durante 24 horas”, explica Juana Martín de Cáritas.
Durante el primer semestre de 2005, un total 331 familias pidieron ayuda a Cáritas para pagar su realquileres –pisos compartidos con otras familias-, el 61% más que en el mismo periodo de 2004. Lo cual supone tres veces más que el número de quienes solicitaron ayuda a la organización para abonar el alquiles de una vivienda.
El concejal de Ciutat Vella, Martín Abella, asegura que el Ayuntamiento tiene voluntad para frenar la sobreexplotación de los pisos. El principal problema consiste en resolver que los jueces no autorizan la entrada a las viviendas “por el mero hecho de sospechar que en su interior hay gente hacinada”. En esta línea, “se pretende que la nueva ley de vivienda incluya alguna disposición que permita actuar en aquellos casos en los que se constante que una mafia se encuentra detrás de una situación de este tipo”, explica.
Por su parte, Cáritas advierte de que la acción del Ayuntamiento deberá ser progresiva para no crear otro problema de más personas sin techo.